La falta de recursos es el talón de Aquiles para la ejecución del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que desde hace cinco años opera en Panamá (interior) y a partir de septiembre inicia en las provincias de Panamá y Colón.
Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el país es uno de los pocos que le ha costado mucho tiempo aplicar el SPA en su territorio.
Informó que ayer se le dio un crédito extraordinario a favor del Órgano Judicial por 9 millones de dólares, sin embargo la operación cuesta mucho más. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, solicitó 20 millones solo para septiembre.
Por lo general, del presupuesto nacional se le da solo el 1.4%, dinero que es insuficiente.
Castillo también criticó la falta de nombramientos de personal competente. "Necesitamos gente competente en la adminitración de justicia", señaló en Telemetro solicitando nombramientos por méritos y no de a dedo.
Agregó que de los 14 magistrados de justicia siete son asistentes de magistrados. Además, de los 930 funcionarios que requerirá el SPA en Colón y Panamá en septiembre, todos son interinos.