El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, afirmó hoy que dimitirá si se encuentran irregularidades en las sociedades que su familia posee en paraísos fiscales, reveladas en los papeles de Panamá.
"Desafío a los que me acusan a que lo prueben ante la comisión. Si se demuestra algún crimen, dimitiré inmediatamente", dijo el mandatario en un discurso a la nación televisado.
La filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca reveló que tres de los cuatro hijos de Sharif -Hussain, Maryam y Hassan- crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las que controlan propiedades en Londres.
Sharif aseguró que escribirá al presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Anwar Zaheer Jamali, para pedirle que encabece una comisión para investigar la legalidad de las sociedades que sus hijos tienen en paraísos fiscales.
Esta decisión llega después de que varios exjueces del Supremo rechazarán liderar la comisión judicial que Sharif anunció en un discurso televisado a principios de abril, según el mandatario por la presión de la oposición.
El nuevo anuncio de Sharif se produce al día siguiente de que el Ejército informase de que había expulsado a seis mandos militares, entre ellos un teniente general y un comandante general, por corrupción, una medida que aumentó la presión sobre el gobierno.
Poco antes de esta medida poco común, el jefe del Ejército, Raheel Sharif, declaró en un discurso que era necesario "eliminar la amenaza y la corrupción" y asumir "la responsabilidad en todos los niveles".
Una presión que se une a la de los partidos de la oposición que rechazaron la comisión anunciada por el mandatario a comienzos de mes y exigieron su dimisión.
El partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf, del célebre exjugador de críquet Imran Khan, amenazó con protestas si no se lleva a cabo una investigación como las que organizó durante cuatro meses en Islamabad por supuesto fraude electoral en 2014.
La familia Sharif, que se ha enfrentado a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y propiedades en Londres, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.